Tertulia en libertad | 30/07/2025

Hoy contamos en la Tertulia en Libertad con  Javier Benegas, Carmen Álvarez y María Jamardo para hablar sobre los temas más relevantes de hoy. La Diputación de Valencia estudia denunciar al Comisionado para la DANA por malversación. Fraude en el caso de los títulos oficiales que aparecen en los currículos y el caso que conocimos ayer del socialista José María Ángel Batalla, que ahora es el Comisionado para la DANA. La Diputación de Valencia se va a personar en la causa contra José María Ángel, por presunta falsificación de un título universitario. La propia Universidad de Valencia ha confirmado ya que el socialista accedió a una plaza de la función pública en el año 85 para la que se requería un título universitario, y entonces presentó un diploma falso. Por tanto, José María Angel Batalla habría cometido un delito de malversación al haber cobrado sueldos durante décadas de forma indebida. El presidente de la Diputación de Valencia ha iniciado los trámites para anular esa plaza y reclamar los salarios percibidos, es decir: más de 30 años de sueldo de un funcionario del grupo AR. El propio José María Angel Batalla niega haber cometido irregularidades, pero no ha aclarado la autenticidad del título. Por ahora, mantiene su puesto como comisionado para la DANA, que le concedió el Gobierno de Pedro Sánchez. Más temas de la Tertulia: En la tertulia también les hablamos de que el Supremo despeja el camino para enjuiciar al Fiscal General del Estado. Finalmente el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos (en relación con el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso). La decisión judicial supone un paso clave hacia el juicio del máximo responsable del Ministerio Público, aunque el Supremo ha archivado la causa contra Pilar Rodríguez, al no encontrar pruebas concluyentes contra ella. La acusación particular, representada por Alberto González Amador, solicita cuatro años de prisión (y tres de inhabilitación) para el fiscal general del Estado, la máxima autoridad del Ministerio Fiscal en España, que ahora deberá sentarse en el banquillo.